El nuevo victimismo de la derecha.

Hace a penas dos meses algunos asistíamos impertérritos al espectáculo mediático de la oposición venezolana y a la consiguiente impugnación del proceso electoral venezolano de abril de este año dos mil trece.
Cabe realizar algunos apuntes sobre este caso particular que nos llevarán al tema central de este artículo: el victimismo sistematico con el que se está presentando esta nueva derecha ante sus votantes.

Asistíamos a un espectáculo descorazonador en Venezuela, digo, porque el mismo Capriles se tomó su tiempo hasta que se impugnó desde el partido y desde su persona el proceso electoral del catorce de abril. En ese lapso de tiempo que comprende desde el conocimiento de los resultados electorales hasta la presentación de la impugnación oficial ante los organismos electorales pertinentes pasó más de una semana. ¿Qué sucesos ocurrieron en esta semana? Muchos ya los conocemos, los votantes de derecha venezolanos salieron a las calles pidiendo justicia e implicando directamente al partido en el Gobierno como a los organismos electorales ratificados por el pueblo en un proceso de fraude electoral.

Es conveniente reflexionar en frío acerca de estas acusaciones, las cuales considero rotundamente falsas y faltas de pruebas. Las acusaciones fueron en su gran mayoría particulares y casi nunca por una vía oficial. Se puede decir, hablando en plata, que Capriles usó a la masa electoral que lo respalda para lanzar, a través de las redes sociales y de las televisiones y radios privadas venezolanas, la sombra de la acusación.

Ahora bien, tan legítimo es la participación democrática como el cuestionamiento de los resultados de ésta, pero hay que matizar el hecho diferenciador: una acusación para impugnar un proceso electoral siempre debe estar respaldado por datos y por pruebas fehacientes que, al menos, permitan a los organismos oficiales sospechar de un “pucherazo”.

Las pruebas presentadas por Capriles, su partido y sus votantes fueron unas controvertidas fotografías en las que se presentan cajas de cartón presuntamente repletas de papeletas de voto electoral siendo quemadas y destruídas. Hasta aquí, nada falso, las cajas presentadas en la fotografía mostrada más arriba están, en efecto, repletas de votos y están efectivamente (y obviamente) siendo quemadas. ¿Dónde reside la falsedad de la acusación por lo tanto?

La Ley Orgánica de Procesos Electorales de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:

Artículo 168: El material electoral no utilizado y el material electoral deshechable será remitido a las Oficinas Regionales Electorales para su contabilización y clasificación.
Contabilizado y clasificado el material, las Oficinas Regionales Electorales remitirán al Consejo Nacional Electoral el material que pudiera ser reutilizado en otros procesos electorales. El resto de material, tanto el no utilizado como el deshechable deberá ser objeto de destrucción en la misma oportunidad en que se ordene la del material electoral utilizado en las elecciones, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en su Reglamento.

Artículo 169: El material electoral que no sea objeto de impugnación administrativa o recurso judicial podrá ser objeto de destrucción, después de transcurridos seis meses de la celebración de un proceso electoral. (…)

Por lo tanto, comprobamos que la LOPE contempla la destrucción del material electoral transcurridos seis meses desde el momento del proceso electoral. Si indagamos un poco más podemos comprobar que esas fotografías, atribuídas erróneamente al presente año y al presente proceso electoral, corresponden al 12 de agosto de 2012 y al 19 de septiembre de 2010.

Desmentida la acusación con hechos y pruebas (elemento principal que debe aportarse cuando se realiza una denuncia, y más una de tal calibre) se procede, por parte de Henrique Capriles y de la oposición venezolana, a lo que personalmente concibo como “El nuevo victimismo de la derecha”.
Tradicionalmente (y esto no es novedad para cualquiera que conozca los libros de Historia) la derecha en el Siglo XX se había impuesto a la fuerza a través de regímenes militares como los de Francisco Franco, Oliveira Salazar, Augusto Pinochet y en el propio caso de Venezuela a Marcos Pérez Jiménez. Quiero subrayar el hecho de que lo expuesto aquí no es una opinión, no es un juicio de valor, es un hecho fácilmente contrastable y que todos los que deciden hablar de política y opinar en particular de las situaciones sociales latinoamericanas deben conocer.

Después de los regímenes dictatoriales que controlaron América Latina durante la segunda mitad de siglo, siendo éstos acabados y produciéndose la evolución democrática de los países la derecha entra en el juego democrático asumiendo (a priori) la posibilidad de no ganar y de no tener el control.

Es en esta nueva situación social y política, en la que la derecha no ostenta el poder de manera constante cuando se ha decidido pasar a esta política de victimización que consiste tanto en la criminalización sistemática de cualquier ideología que no esté próxima al régimen político existente (en el caso de España nuestra manida Democracia) y la creación del concepto político de “norma ideológica” que le atribuyen directamente a la izquierda política.
¿Realmente en qué consiste esta política mediática? En un simple y burdo intento de cambio de papeles sociales a los ojos del elector, Ciñéndonos exclusivamente al caso español vemos como el triunvirato de poderes (eclesiástico, político y económico) afines a la derecha se presentan a menudo como “perseguidos” o “incomprendidos”.

Podemos hablar claramente de una manipulación informativa en la que la Iglesia Católica se presenta como un colectivo castigado ideológicamente por los ciudadanos, sin poder político, despojado de cualquier capacidad para influir en la sociedad y en la legislación del país. La realidad no puede ser más diferente, si atendemos únicamente al caso de la Iglesia comprobamos como el responsable de la cartera ministerial de Educación, José Ignacio Wert, se ha reunido tanto en público como en privado con altas instancias del clero, donde se sacaron a colación temas pertinentes a la nueva Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa. Estas reuniones han desembocado en una nueva realidad en las escuelas: la Religión tendrá más horas, será equiparable a materias instrumentales y, por si fuera poco, contará para la media.

También el Ministro de Justicia y el Ministro de Interior han tenido repetidos contactos con las altas esferas del catolicismo español para la elaboración de varios proyectos legislativos en los que la opinión de la Iglesia ha influido sustancialmente, como por ejemplo en la problemática reforma de la Ley del Aborto que se está llevando a cabo.

¿Qué más se puede decir? Los hechos están expuestos, y la realidad es, en ocasiones, odiosa. ¿Podemos hablar y afirmar que existe un “doble rasero” a la hora de juzgar a nuestros políticos y a los elementos públicos de nuestra sociedad? ¿Podemos hablar de que esa vara de medir está completamente confeccionada por la izquierda política e ideológica? A título personal me atrevería a decir: rotundamente no.
Los poderes fácticos siguen concentrados en los mismos grupos sociales, que se consideran a sí mismos y se exponen ante la sociedad como verdaderos paladines de la libertad y de la democracia. Poderes que, además, reniegan completamente de cualquier manifestación de voluntad popular o de cualquier organización ciudadana externa al sistema orgánico del Estado. Es precisamente este Estado el que sigue siendo Coto privado de Caza para unos pocos y territorio comanche para la gran mayoría.